• La eurodiputada también expresó «solidaridad y profundo respeto por las personas que son realmente víctimas de todo tipo de acoso, tanto sexual como psicológico».

Lo afirma en un comunicado en el que denuncia «con mucho dolor» que fue «injustamente sancionada administrativamente a raíz de una denuncia por acoso laboral que los ex asistentes» interpusieron en su contra.

Mónica Silvana González (Buenos Aires, 12 de febrero de 1976), por su parte, anunció que presentaría un recurso «interno de conformidad con el artículo 177 del funcionamiento del Parlamento Europeo», y agregó que posteriormente evaluaría «la decisión de recurso de apelación ante el Tribunal de la UE para que juzgue la legitimidad del proceso”, ya que, ha señalado “al igual que sucedió en otras denuncias falsas, este órgano ha devuelto el honor quitado a una denuncia falsa, tan fácil de manchar y tan difícil de limpiar hasta».

garantías procesales

Según el socialista, «en este largo e injusto proceso de casi dos años no tuve las mínimas garantías procesales que hubiera tenido en cualquier proceso de justicia ordinaria», y sostuvo que «el expediente lo dirigió un auxiliar parlamentario de extrema derecha en Europa, y los testimonios clave de personas que continúan trabajando conmigo no han sido escuchados ni tomados en cuenta.

A pesar de la situación, Mónica Silvana González afirmó que seguirá «trabajando como hasta ahora, tanto a nivel local como regional y europeo», aportando su «trabajo y compromiso en temas sensibles como la ayuda humanitaria, la protección de más vulnerables de la sociedad como personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, comunidad LGTBI y gitanos, entre otros.

La vocación política nació ya en la infancia

Para el eurodiputado sancionado por acoso laboral, la vocación política nació en su infancia. “A los 13 años presidía el sindicato de estudiantes y me sentía atrapado por la política, que siempre he considerado una herramienta de cambio social”, explicó en entrevista con la prensa argentina.

Licenciada en Turismo por la Universidad Nacional del Nordeste (en la provincia argentina de Corrientes), González viajó a España a los 22 años para completar sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares. Una vez allí, hizo «todo» para quedarse en nuestro país, según dijo ella misma a La Nación.

“Me busqué la vida como pude, como cualquier inmigrante, pasando por mil vicisitudes, persiguiendo a la policía porque estuve mucho tiempo sin documentos”, explicó. Trabajó “en la economía sumergida, limpiando casas, de mesera, repartiendo folletos”, una experiencia que, según ella, fortaleció su compromiso con la lucha contra la desigualdad.

En 2005 se incorporó al PSOE y comenzó a colaborar con movimientos sociales vinculados a la inmigración, principalmente latinoamericanos. De ahí pasó a la política local, como miembro de la ejecutiva del PSOE de Alcalá de Henares y concejala de esta ciudad entre 2007 y 2015.

“En 2014 participé en las primarias de Pedro Sánchez y pude dar un salto importante a la Asamblea en Madrid”, dijo González. Fue décima en la lista de Ángel Gabilondo y fue diputada autonómica entre 2015 y 2019. Además, fue secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad en el ejecutivo federal de Sánchez de 2017 a 2021, desde donde participó en la reforma del proceso electoral. ley que permitió votar a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual.

“Eso fue decisivo en mi carrera, ya que me permitió llegar al Parlamento Europeo con ese activismo”, dice Silvana. Eurodiputada desde mayo de 2019, se presenta como la «primera mujer de origen latinoamericano» en ocupar un escaño en Estrasburgo. Es vicepresidente de la delegación para las relaciones con Mercosur y miembro de la comisión de desarrollo y de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana.

Una carrera en ascenso, aunque discreta (no es especialmente conocida en Bruselas) que podría verse truncada por las graves acusaciones que le formulan tres ex asistentes que tuvo en el Parlamento Europeo, cuyas identidades no se han hecho públicas. Unas alegaciones que validó la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, tras haber recibido las conclusiones del comité asesor que trata las denuncias de acoso y haber escuchado a la misma interesada.