Jue. May 30th, 2024

los defensor del pueblo concluyó su actuación en el recurso por posible vulneración, por parte del Obispado de Alcalá de Henares, de la Ley 3/2016, de 22 de julio, Protección completa contra la LGTBIfobia, en relación con el supuesto desarrollo de «terapias para curar la homosexualidad».

Así consta en el informe de esta institución, presentado por el Defensor del Pueblo el viernes, Ángel Gabilondo, ante el Congreso de los Diputados. Los recursos se dan por concluidos tras la respuesta dada por la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad, que ha informado sobre el caso que “No había considerado posible abrir un procedimiento sancionador, en consideración a que la principal prueba de la acusación la constituyeron las bitácoras de llamadas, las grabaciones, los correos electrónicos y la documentación aportada por un periodista, obtenidos sin el consentimiento de uno de los interlocutores».

Sin embargo, el Defensor del Pueblo indicó que en su informe “sigue prestando mucha atención a cualquier indicio de discriminación por orientación sexual, como en el presente caso”.

Juan Antonio Reig Pla.

La Comunidad de Madrid inició hace tres años un juicio sancionador contra Elena LR un ‘coach’ que fue demandado en 2016 por vulnerar la ley contra la LGTBifobia al ofrecer tratamiento de la homosexualidad a través de Internet.

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La decisión fue aprobada por el consejo regional, presidido en funciones por Pedro Rollántras haber recibido un informe del Ministerio de Políticas Sociales que califica el presente caso como infracción «muy grave» en virtud de la vulneración del artículo 70.4 de la legislación autonómica contra la LGTBfobia, denunciado por colectivos del sector a raíz de las noticias.

período de información

Tras un periodo de información previa abierto por el entonces Ministerio de Políticas Sociales y Familia y la posterior denuncia en 2017 de dos sujetos por los mismos hechos, la Secretaría General Técnica de este departamento definió esta oferta de terapias para tratar la homosexualidad como un delito «Muy grave» y ha iniciado el procedimiento sancionador contra esta persona.

La sanción a afrontar oscila entre los 20.001€ y los 45.000€. Sin embargo, poco tiempo después el mismo Ministerio concluyó sin sanción llamada investigación, como indica ahora el Defensor del Pueblo.

Estos cursos del obispado generaron cierta tensión y llevaron a varios activistas a allanar la catedral local en abril de 2020 para protestar. Esto generó una causa penal tras el ingreso una demanda interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra manifestantes que les acusan de varios delitosincluyendo la profanación, la interrupción del culto y un crimen de odio.