Mié. Jun 29th, 2022

Se han presentado varias denuncias contra el Obispado de Alcalá de Henares por la prestación de las denominadas terapias para «curar» la homosexualidad. Tres años después de que saliera a la luz este tipo de práctica, El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido cerrar la investigación.

La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid descartó castigo al instituto en manos del obispo José Antonio Reig Pla Apoyanos la evidencia proporcionada puede violar el «derecho a la privacidad» del presunto terapeuta quién daba los tratamientos, que ni siquiera estaba registrado.

En los escritos recibidos por FACUA y Más Madrid, dos de los denunciantes, la decisión de cerrar el plazo de preinformación y «no iniciar ningún procedimiento sancionador».

La verdad es que estas peligrosas terapias son prohibido por la ley de protección global contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid que califica su promoción como infracción «muy grave» con multas de hasta 45.000 euros.

Sin embargo, el ejecutivo de Ayuso prefirió apartar escudándose en un informe emitido por el Servicio Jurídico del Ministerio, en el que propone archivar el expediente al considerar que las pruebas aportadas por El Diario «pueden atentar contra el derecho a la intimidad». «Las circunstancias periféricas de la grabación implican que se han superado las expectativas de privacidad“De la persona que fue inscrita, lee el informe. Se refiere al trabajador de la diócesis de Alcalá que realizó las sesiones, en las que vinculó la homosexualidad a «pequeños defectos» y «heridas afectivas» así como a una vida «de sufrimiento» y «degradación».

Las grabaciones proporcionadas por el citado medio están catalogadas como “ilegales” por lo que se recomienda no incluirlas en el procedimiento. Afirma que no eran «necesarios» para satisfacer el interés general «en aplicación del canon constitucional de proporcionalidad frente al derechos fundamentales a la intimidad y a la imagen del interesado«Aunque este tipo de terapia es ilegal, las pruebas señalan se obtuvieron «sin el consentimiento» de los interlocutores.

«Surrealista» y «tonterías»

Esta decisión despertó la indignación de los partidos y las organizaciones que presentaron la denuncia. Eduardo Rubiñodiputado de Más de Madridlo califica como un caso de «gravedad extrema» sobre él que «hay juicios y victimas dispuesto a declarar «. También lo denuncia El Gobierno de Ayuso «ha ampliado los plazos y no comunicó oportunamente la terminación a los solicitantes”.

Desde FACUÁ lo anunciaronobtendrá el archivo mal de proceso Rubén Sánchez, secretario general de la organización, reflexiona «Surrealista» y «tontería» que la Comunidad recurra al derecho a la intimidad «de quienes cometen irregularidades» desestimar el caso y lamenta «el uso ilícito del derecho a la intimidad que hace de él proteger los intereses de quienes incurren en prácticas absolutamente repugnantes«.