Más de 70 letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, junto con abogados, fiscales, magistrados, funcionarios y personal, se han concentrado frente a los juzgados de la plaza de la Paloma como muestra de apoyo a la declaración firmada por unanimidad por varios grupos judiciales el 9 de noviembre. Esta declaración conjunta rechaza las referencias al «lawfare o judicialización de la política» y sus consecuencias, presentes en el documento firmado por el PSOE y Junts para facilitar la investidura.
El acuerdo alcanzado contiene menciones explícitas a la posibilidad de establecer comisiones de investigación en las oficinas parlamentarias para verificar la existencia de situaciones de judicialización de la política, lo cual podría interferir en la independencia del poder judicial y en la separación de poderes. Los jueces deben estar sujetos únicamente al Estado de derecho, tal y como establece la Constitución. Por lo tanto, las expresiones que revelan desconfianza en el funcionamiento del poder judicial no son aceptables.
Las asociaciones judiciales que han firmado esta declaración conjunta son: Asociación Profesional del Juicio (APM), Asociación de Jueces, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Asociación de Jueces por la Democracia y Asociación de Jueces «Foro Judicial Independiente».
Este evento ha tenido lugar como respuesta al acuerdo político firmado entre el PSOE y Junts, el cual ha generado preocupación en el ámbito judicial debido a las menciones al «lawfare» y a la posibilidad de controlar las decisiones judiciales desde el ámbito parlamentario. Los colectivos judiciales han manifestado su rechazo a estas referencias, argumentando que suponen una interferencia en la independencia del poder judicial y en la separación de poderes.
En resumen, se ha llevado a cabo una concentración de más de 70 letrados en Alcalá de Henares para respaldar la declaración firmada por varios grupos judiciales, la cual rechaza las referencias al «lawfare» y a la judicialización de la política presentes en el acuerdo político firmado entre el PSOE y Junts. Los colectivos judiciales han expresado su preocupación por la interferencia en la independencia del poder judicial y en la separación de poderes que estas referencias podrían suponer.
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