• El consejero del PP Marcelo Isoldi y el exasesor Javier Fernández Abad se exponen a una pena de un año y nueve meses de prisión, además de multas económicas e inhabilitación para el trabajo o cargo público.

La sentencia señala que los condenados permitieron que la estación de autobuses de Brihuega siguiera funcionando durante años las 24 horas del día sin negocio y sin licencia de funcionamiento, así como que eran plenamente conscientes de las constantes quejas y denuncias de los vecinos desde 2005, y que desconocía ellos, permitiendo que la estación funcione sin interrupciones sin respetar los límites de emisión de ruido.

El caso está relacionado con la antigua estación de autobuses interurbanos de la calle Brihuega. Una supuesta instalación temporal que la Municipalidad mantiene activa desde hace años en un estrecho callejón entre las casas. Fueron los vecinos los que se quejaron de que dicha estación funcionaba sin licencia, provocando constante contaminación y ruido a los vecinos.

La pena impuesta deriva de un delito de abuso ambiental, recogido en el art. 329, párrafo 1 del código penal. El texto señala que “los condenados permitieron que la estación de autobuses de la calle Brihuega siguiera funcionando las 24 horas del día sin actividad y sin licencia de funcionamiento, además de ser perfectamente conscientes de las constantes quejas y denuncias de los vecinos desde 2005, y que las ignoraban, permitiendo que la estación funcione sin interrupción, sin respetar los límites de emisión de ruido”. En esos años, los vecinos llegaron a someterse a la operación de hasta 152 autobuses en el turno de la mañana, casi cincuenta cada tarde y varias decenas por la noche.

Trabajadores de la construcción ya no podrán ejercer cargos públicos durante ocho años

La sentencia derivada de la sentencia judicial es muy importante. Ambos regidores son condenados a un año y nueve meses de prisión y a la interdicción especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, a quince meses de multa con una tasa diaria de 15 euros, a la prohibición especial de trabajar o cargos públicos por 8 años y pago de la mitad de las costas del proceso. No tendrán que ir a la cárcel porque la pena es inferior a dos años, pero dejarán huella.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que comparecía en la causa como posible perjudicado, deberá hacer frente a las cantidades económicas derivadas de la sentencia como responsabilidad indirecta. Además, el condenado debe indemnizar a varios vecinos por los daños y perjuicios y la depreciación del valor de su vivienda.

La controvertida estación “de la Conti”.

Alcalá de Henares, con cerca de 200.000 habitantes, actualmente no dispone de estación de autobuses ni intercambiador. Una situación anómala que, en los últimos días, ha sido precisamente objeto de una nueva promesa electoral del Partido Popular, cuya presidenta y candidata a la reelección en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado «un auténtico intercambio de autobuses». . proyecto esperado ya que la entonces presidenta Cristina Cifuentes lo planteó en su momento.

La estructura, como sede de varias cabeceras de autobuses urbanos, también dependía del Consorcio Regional de Transportes. Habrá que esperar hasta febrero de 2015, diez años después de los hechos denunciados en la sentencia judicial, cuando el Ayuntamiento y el CRTM lleguen a un acuerdo para eliminar las últimas líneas de este corto callejón entre casas, ahora transformado en plaza peatonal.

Concejal eliminado de 28 millones de listas

El caso de la antigua estación de autobuses de vía Brihuega lleva años atormentando al concejal Marcelo Isoldi. El otro alcalde, Fernández Abad, ya no formaba parte de la estructura ni ocupaba ningún cargo en el Partido Popular de Alcalá de Henares. Isoldi, concejala en la actual corporación 2019-2023, se ha apartado de la candidatura del 28M. Es el único alcalde que no se repite en la lista.

A pocos días de la presentación de la candidatura encabezada por Judith Piquet, el propio alcalde se despidió en una carta abierta enviada a organizaciones y medios de comunicación. En el texto explicaba que «se producen cambios en la vida, a veces, como ocurre, bajo criterios de renovación» y ponía fin a un ciclo de 22 años en el municipio complutense.

El escrito también se refería al proceso judicial en curso y el regidor afirmaba que «nunca he cometido ninguna irregularidad, que el tiempo y la justicia confirmarán muy pronto».