El Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy el silencio del Grupo Municipal del PP así como de su portavoz y candidata a alcaldesa, Judith Piquet, ante la sentencia de la Sala de lo Penal contra el concejal Marcelo Isoldi por un delito de abuso medioambiental e insistió en su petición de dimisión del alcalde al tiempo que insistía en «la incapacidad de Piquet para gobernar una ciudad».

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá, Alberto Blázquez, y la concejala y presidenta del PSOE, María Aranguren, han comparecido hoy en rueda de prensa tras la citada sentencia en la que se condena al concejal del PP Tomás Marcelo Isoldi Barbeito y al ex el concejal Francisco Javier Fernández Abad a un año y nueve meses de prisión por un delito de maltrato medioambiental.

Aranguren ha indicado que el Ayuntamiento es el responsable subsidiario «para que las consecuencias de la nefasta gestión del PP en tiempos de Bartolomé González sean asumidas y pagadas por todos los alcalaínos, sin que el PP de Alcalá se haya pronunciado hasta ahora al respecto». , después de más de 48 horas, y que el Dr. Isoldi no ha renunciado a su cargo de asesor».

Finalmente, el comisario lamentó tener que convocar esta rueda de prensa, pero destacó que para el Grupo Municipal Socialista “este silencio es un desprecio a la institución y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares que, entre otras cosas, representó el señor Isoldi durante más de 20 años. ”.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Alberto Blázquez, indicó que, pese a desconocer el código ético y las garantías del PP, «parece imposible pensar que en él figuran condenados por procesos penales como representantes públicos de un Ayuntamiento” por lo que “si el señor Isoldi no dimite, el portavoz de su grupo tendrá algo que decir”.

“La técnica del avestruz es inútil”

En este sentido, ha dicho que esta situación «trasciende por inacción e incapacidad a Judith Piquet, que es incapaz de liderar un grupo de cinco personas y pretende ser alcaldesa de una ciudad de 200.000 habitantes con 220 millones de euros y 1.500 empleados» y ha añadido que «la técnica del avestruz no es válida» porque, 48 horas después, nadie del PP de Alcalá se ha pronunciado al respecto.

“Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento, después de 40 años de democracia, que un delincuente condenado sigue representando a la ciudad de Alcalá de Henares como concejal. Este es el resultado del PP que avala la forma de gobernar la ciudad de Bartolomé González, el ‘jefe’ de Judith Piquet, de quien presume estos días en sus mítines”, ha dicho Blázquez.

En este sentido, el portavoz reiteró que la sentencia «es una condena al bartolismo, esa forma de gobernar que menospreciaba el medio ambiente, los alcalaínos, y con la que nació el proyecto del PP Alcalá 2023». «El PP debería incluir claramente en su programa la voluntad de mantener a toda costa a sus funcionarios, incluso cuando sean condenados por causas penales», ha insistido.

Según ha señalado Blázquez, Isoldi es concejala del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y, por tanto, “ya ​​no se trata sólo de Alcalá de Henares, sino del PP de Madrid. No sé si la Sra. Ayuso o el Sr. Serrano deben decir de inmediato si esa es la política que seguirán, mantener los cargos de confianza y los funcionarios públicos condenados en procesos penales por abuso ambiental.

«Primer condenado por la democracia en Alcalá»

El portavoz denunció que el PP se esconde ante el primer concejal condenado en una causa penal que tiene este Ayuntamiento. A su juicio, esta “no es la forma de afrontar unas elecciones, porque no es lo que necesitan los alcalaíes, sino una continuidad de buena gestión y no escándalos como este que estamos viviendo ahora mismo en la ciudad”.

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Según la sentencia, los condenados permitieron que la estación de autobuses de la calle Brihuega siguiera funcionando las 24 horas sin actividad y sin licencia de funcionamiento durante años. Según el fallo judicial, los dos funcionarios públicos estaban al tanto de las constantes quejas y denuncias de los vecinos desde 2005 y, sin embargo, las ignoraron.

Los regidores también permitieron que la estación funcionara sin interrupción y sin respetar los límites de emisión de ruido. Los vecinos experimentaron contaminación y ruido todos los días de la semana con hasta 152 buses en el turno de la mañana, 49 en el turno de la tarde y 30 en la noche.

Por ello, la sentencia condena a ambos ediles, además de prisión, a la interdicción especial por el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la sentencia, a quince meses de multa con una tasa diaria de 15 euros, a la interdicción especial por trabajo subordinado o cargo público durante 8 años y pago de la mitad de las costas judiciales.