Los ayuntamientos son la administración más cercana al vecino, que “es la que sufre directamente las consecuencias de la ocupación ilegal, que afecta a algunas zonas de nuestra ciudad”, afirma el PP de Alcalá de Henares.

“Hay que pedir a los ayuntamientos que se tomen decisiones para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España, que se ha incrementado en los últimos años, según datos del Ministerio del Interior”, ha dicho durante el Pleno Judith Piquet, portavoz del PP.

En este sentido, el dirigente popular pidió que “se tomen medidas para asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada, y si no lo es, dentro de las 24 horas por parte de la policía; la pena aumentada, de 3 a 5 años; así como la imposibilidad de registrarse y tener acceso a determinar beneficios como la opción de vivienda social en el municipio”.

“Situaciones muy habituales”, dice el PP

“Además de proteger el derecho a la propiedad y la vivienda, debemos trabajar y exigir a todas las administraciones paliar este problema que en algunos casos imposibilita la vida y la convivencia incluso en los barrios vecinos de nuestra ciudad”, afirma Judith Piquet.

“Son situaciones, muy frecuentes, en las que la ocupación ilegal y hacia el propietario de una vivienda altera la convivencia del barrio, provocando además precariedad a los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han asentado. realizar actos prohibidos, nocivos o insalubres”, continuó.

Por ello, ha señalado Judith Piquet, “las duras consecuencias no sólo para la propiedad, sino también para la seguridad y la convivencia que tiene la ocupación en sus diversas formas, recomiendan un reforzamiento de las medidas actualmente en vigor”.

Piquet: «Una okupación no se desaloja, se desaloja»

Asimismo, el portavoz indicó que las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por causa de la vivienda y la protección de las familias en situaciones de emergencia social deben separarse claramente del fenómeno del empleo irregular al que responde esta iniciativa.

«A un okupa no se le desahucia, se le desahucia y se protege a los vulnerables, sin que el Estado traslade sus responsabilidades a la ciudadanía en ninguno de estos dos casos», ha concluido cerrando esta propuesta que ha contado con votos en contra de PSOE y Unidas Podemos.