La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha hecho un llamado urgente al Gobierno español para que refuerce con al menos 1.500 nuevos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil la seguridad en la Comunidad de Madrid. Esto surge a raíz de un preocupante deterioro en los indicadores de seguridad, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.
Piquet ha destacado que los municipios están haciendo esfuerzos por reforzar sus policías locales, invertir en sistemas de seguridad y coordinar recursos, pero que el Gobierno central no puede dejarlos solos ante el aumento de la criminalidad. Los datos del primer trimestre de 2026 revelan un incremento alarmante en delitos relacionados con la violencia, narcotráfico y crimen organizado.
Entre los principales indicadores preocupantes se encuentran el aumento del 2,3% en la delincuencia total en la región, un incremento del 60% en homicidios consumados, un 50% más de secuestros, un aumento del 33,2% en narcotráfico, un 20,6% más en enfrentamientos violentos y un 10,2% en robos de vehículos.
La FMM ha señalado que este problema no se limita a la capital, sino que afecta gravemente a municipios como Alcorcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Collado Villalba y Alcalá de Henares, donde se han registrado importantes aumentos en la criminalidad.
Ante esta situación, la FMM ha solicitado al Ministerio del Interior la asignación de 1.500 nuevos efectivos para Madrid, un refuerzo específico contra mafias y narcotráfico, mayor presencia de la Guardia Civil en municipios pequeños y medianos, mayor coordinación operativa con la policía local y la creación de un fondo estatal para apoyar la seguridad municipal.
La financiación para este plan propuesto sería viable mediante la reorganización de programas existentes, la reducción de gastos políticos auxiliares, la optimización de contratos y la asignación de fondos recuperados en operaciones contra el fraude fiscal y delitos económicos.
Además, la FMM ha propuesto la creación de un fondo extraordinario para los municipios madrileños afectados por la presión migratoria, con una dotación inicial de 15 millones de euros para servicios sociales, coexistencia, seguridad, limpieza, atención administrativa, mediación comunitaria y recursos educativos.
Estas medidas serían financiadas con recursos estatales provenientes de diferentes fuentes, con el objetivo de no cargar a la Comunidad de Madrid ni a los Ayuntamientos con nuevos costes. Judith Piquet ha enfatizado que la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado y que es necesario actuar con eficacia y sin tintes ideológicos para garantizarla.
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