Hace un año, en febrero de 2022, CCOO de Madrid solicitó a Concepción Dancausa, Consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, la constitución de un comisión supervisora del Acuerdo marco que regula la gestión privada de residencias publicasuna solicitud que hasta la fecha no ha recibido respuesta a pesar de los problemas que se siguen evidenciando en estos centros y que afectan a usuarios y personal.

En las últimas semanas se conoció el caso de Residencias Parque los Frailes y Ensanche de Vallecas, ambos gestionados por la empresa Centenari Salud, que se niega a pagar los atrasos salariales fijados convencionalmente y también el aguinaldo. El sindicato informó a Dancausa del conflicto laboral en estos centros, así como de la falta de cuidado en el mantenimiento de las instalaciones y la falta de limpieza.

El 1 de febrero, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, compareció en el residencia ‘Francisco de Vitória’ denuncia ante los medios de comunicación la situación en la que viven sus habitantes, con escasez de alimentos, restricciones de agua potable y falta de aseo.

Después del drama vivido en residencias de mayores en madrid Durante la pandemia, CCOO lamenta que el Gobierno regional siga sin tomar medidas significativas, como la constitución de esta comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento por parte de las empresas privadas de acogimiento residencial de lo acordado en el Acuerdo marco, incluida la creación de puestos de trabajo comprometidos. “Concepción Dancausa no debe creer que la calidad de vida de los adultos mayores requiera su atención y luego de más de un año de espera no han respondido a la solicitud”, denuncia el gremio.

A falta de recurso de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevado a la Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a las Adiccionessobre los criterios comunes para la acreditación y calidad de los centros y servicios de la Sistema para la autonomía y atención a las adiccionespublicado en el BOE el 11 de agosto de 2022.

En el mismo, obligatorio para las comunidades autónomasincluye, entre otras cosas, el fomento de la participación de las familias, la designación de profesionales de referencia como sujetos encargados de promover el apoyo personalizado de cada usuario en la vida diaria, o la existencia, en cada centro, de un órgano de participación directa de los residentes y, en su caso, de sus familiares o allegados, elegidos democráticamente, con carácter representativo y participativo.

CCOO de Madrid lo denuncia “Nada de esto se está haciendo realidad” y tacha como «un acontecimiento» el anuncio de la presidenta autonómica, Isabel Díaz-Ayuso, sobre la puesta en marcha de una oficina de atención y apoyo a las familias de los usuarios, «una iniciativa vacía que no contribuye en modo alguno a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y no autosuficientes.

En palabras del secretario del sindicato de Políticas Sociales y Diversidad, Manuel Rodríguez, «el Gobierno regional sigue gestionando las residencias con absoluta opacidad, más preocupado por garantizar el aprovechamiento de las empresas del sector que por garantizar el bienestar de los residentes».